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Cannabis como servicio esencial: entrevista al letrado mallorquín Martí Cànaves Llitrà


La llegada indeseada de la emergencia Covid-19 ha puesto en evidencia las contradicciones de un sistema político y de un enfoque de salud incapaces de dar respuesta a las demandas y exigencias de centenares de miles de usuarios de todo el país.
Durante la cuarentena, también asistimos a un sin parar de detenciones que prueban que la receta represiva es la de siempre: criminalizar a los consumidores. Ante esta situación de desamparo, y con un futuro lleno de incógnitas, se pone de manifiesto la importancia de involucrarse en la lucha por la regulación del Cannabis, ahora más que nunca.
Entrevistamos a Ma
rtí Cànaves Llitrà, penalista y director del despacho DMT Advocats, especializado en cuestiones de Cannabis.

   • ¿El cierre de las Asociaciones de Consumidores de Cannabis el pasado 14 de marzo fue debido a una decisión compartida del propio sector o fueron las autoridades que impusieron el cierre?

En mi opinión la decisión de cerrar se tomó por evidentes razones de seguridad y solidaridad social. Pero hubo cantidad de acciones arbitrarias por parte de los cuerpos policiales que multaron a los socios que acudían a clubes o asociaciones que se mantenían abiertas. Con lo cual, lo que inicialmente se había dejado a la libre decisión de cada entidad en función de criterios de responsabilidad, quedó anulado y las asociaciones tuvieron que cerrar precisamente por la coacción que suponían estas actividades policiales.

   • El cierre ha dejado tirados a un número impresionante de usuarios terapéuticos, ¿Puede considerarse una vulneración de los derechos fundamentales? ¿Está justificada?

Desde un punto de vista estrictamente jurídico, los Reales Decretos sobre el estado de alarma y sus posteriores prórrogas y desarrollo no suspenden el ejercicio de los derechos fundamentales. Los puede limitar pero no suspender. En estos decretos no se hace ninguna referencia específica a que las asociaciones tengan que parar su actividad. Por consiguiente, entiendo que durante el estado de alarma, las asociaciones tenían derecho a haber permanecido abiertas y no tenían que haber recibido ningún tipo de sanción, y tampoco sus socios.

Aquí entramos en el tema de que, por obvias razones sanitarias y con el fin de evitar contagios, no se podía consumir en el interior. Considero que en este caso el estado de alarma no sólo limita derechos sino también obligaciones. Una de ellas, repito, era el consumo en el interior del local.
Por lo tanto, entiendo que durante el estado de alarma, mientras no se pueda consumir en el interior del local, queda suspendida
la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana en lo que se refiere a la posibilidad de dispensar, realizar servicio a domicilio y a que los socios puedan llevar hasta su casa el Cannabis que les pertenece.
Por otro lado lado, la interpretación de este estado de alarma que ha venido
haciendo la policía, implica de facto la suspensión de los derechos fundamentales, no sólo de asociación, sino también del derecho a la salud de las personas consumidoras que utilizan el Cannabis porque su consumo aporta una importante mejora en su salud o en su calidad de vida.

   • Nos encontramos en una fase de desescalada, ¿Qué es de esperar ahora, cómo y cuándo abrirán los CSC?
Considero que las asociaciones de consumidores de Cannabis no tendrían que haber cerrado y también pienso que podrían reiniciar sus actividades en cualquier momento. Pero entonces surgiría el problema de que no se puede consumir en el interior; siendo así, se debería poder realizar un servicio de entrega a domicilio o simplemente dispensar a los socios, ya que es el propio estado de alarma que obliga a ello. Lógicamente, hacer esto sin ningún pronunciamiento, sin ningún aval y sin ninguna garantía por parte de las autoridades – que no se pronuncian y no dan directrices claras a los agentes de policía para que sepan cuándo pueden intervenir y cuándo no contra consumidores que retiran su Cannabis – implica evidentemente un riesgo enorme que las asociaciones no están dispuestas a asumir. Precisamente porque seguimos en un marco de inseguridad jurídica.
Debemos reclamar que el Cannabis se considere una actividad esencial por razones de justicia, salud y sobre todo económicas.
En este sentido, la solicitud que hicimos al Departament de Salut con la asociación Cannasalut de La Garriga, a través del Ayuntamiento, o sea de un ente público y no de una entidad de consumidores, sirve para que se considere el Cannabis como actividad esencial. Lo mismo ocurre con el escrito que acabamos de presentar con la asociación madrileña Dos Emociones al Ayuntamiento de Madrid. Pero este recorrido no tiene la intención de facilitar la apertura de clubes solo durante el estado de alarma – que vemos cómo ya se empieza a suavizar –, sino para que se entienda que sí es una actividad esencial. Y al serlo, implica la necesidad de una regulación urgente. Lo que exigimos es que haya un pronunciamiento expreso para que se pueda facilitar una regulación que, sin duda, es necesaria y urgente.

   • Ante esta situación de excepcionalidad que estamos viviendo, ¿crees que las modalidades de acceso y consumo a las asociaciones pueden cambiar? ¿El reparto a domicilio puede ser una alternativa viable?

Es viable si se adoptan ciertas medidas, es un sistema que no representa ningún actividad delictiva. El delivery es una modalidad que se utiliza en California, en Canadá y en muchos otros paises. Es además muy útil para los usuarios medicinales con patologías como la esclerosis múltiple u otras que limitan su movilidad y que se beneficiarían de una medida de este tipo. Es el mismo concepto de las entregas a domicilio de fármacos por parte de las farmacias
Las leyes son interpretables y hay que interpretarlas en conjunto. Existe una ley de seguridad ciudadana que establece una serie de medidas, pero también tenemos una Constitución que protege una serie de derechos fundamentales. Lo que no puede ser es que una estricta aplicación de la ley implique una vulneración del derecho a la salud, del derecho a asociación y del derecho de los socios a acceder a un Cannabis que no provenga del mercado negro y que no haya sido adulterado. Con lo cual, lo que está provocando este estado de alarma es atentar principalmente contra el derecho a la salud de los consumidores. Parece que al Estado no le interesa que estas personas que tienen el derecho a consumir, también tengan el derecho a acceder a un producto no adulterado.

   • ¿Habéis notado más detenciones relacionadas con el Cannabis durante el confinamiento?

Yo personalmente he acudido a asistir a varias detenciones de personas que, o bien habían acudido a suministrarse de Cannabis, o bien de asociaciones que hacían entregas a domicilio. Y algunas de ellas destinadas exclusivamente a usuarios medicinales.

   • ¿Las consecuencias económicas y sociales que se nos echan encima podrían impulsar cambios legislativos en materia de Cannabis?

Partiendo de la base de que la actual crisis sanitaria conlleva intrínsecamente una crisis económica nunca vista, es el momento de pensar en la regulación del Cannabis por razones de necesidad, desde un punto de estrictamente económico. Ya he dicho que por razones de justicia y de sanidad también, pero haciendo más énfasis en el aspecto económico.
En un estudio reciente que
hemos trabajado desde DMT Advocats con el economista Pau Teruel de Gestoría Teruel, hemos sacado muchos datos de la actividad económica real de las asociaciones. Siguiendo los datos del Plan Nacional sobre Drogas y del Instituto Nacional de Estadística, se desprende que el número total de consumidores habituales en España se sitúa en un 4%, aunque nosotros sabemos que se trata de un dato que está por debajo de lo que es la realidad. Y sobre todo, sabemos que en determinadas franjas de edad este número asciende hasta el 20%. Siempre en referencia a este estudio, los datos más prudentes indican que los españoles se gastan en el consumo de Cannabis aproximadamente dos mil millones de euros al año. Esto supondría que una gran cantidad de dinero pasaría a aflorar de una economía sumergida que fomenta y promueve la corrupción y el blanqueo de capitales a formar parte de la economía real. Todos estos datos nos dicen que la regulación podría ser una buena solución para que el Estado encuentre nuevas fuentes de ingresos.
Nosotros hicimos varias consultas vinculantes a Hacienda y su opinión es que todas las cuotas que aportan los socios en concepto de consumo de Cannabis tienen que tributar un 21% de IVA. No obstante, las policías y los tribunales siguen acusando a las asociaciones de delito contra la salud pública. Esto es una muestra más de la hipocresía legal que gira alrededor de esta sustancia. En definitiva, el tema económico, cuya importancia es central, debería impulsar un cambio legislativo porque las cuestiones sanitarias y de justicia ya están súper claras. En cuanto a la forma en la que se debería de producir esta regulación, lo primero que se debe hacer es escuchar al propio sector y partir de las distintas propuestas que se han venido planteando desde las federaciones, las universidades y los profesionales que han estudiado la materia. Y la regulación debe ser ambiciosa y no sólo que se regule la actividad de los CSC y el autocultivo, sino también la actividad con ánimo de lucro, para realizar el enorme potencial económico que tiene España en este ámbito. Pero no con ánimo de lucro solo para las grandes empresas farmacéuticas, también la mediana y pequeña empresa tienen que poder acceder a legalizar sus actividades porque el concepto de “sin lucro” conlleva toda una serie de impedimentos a realizar determinadas inversiones ya que no tienen retorno. Y por último, también se debe permitir que la empresa privada haga sus propios dispensarios (como en EE.UU) para que el consumidor pueda acceder a la sustancia sin necesidad de ser socio de entidades sin ánimo de lucro.

   • Volviendo al caso de las asociaciones Cannasalut y Dos Emociones que hemos mencionado antes, ¿Por qué es importante trasladar a los entes locales las solicitudes de que las asociaciones puedan continuar sus actividades durante el estado de alarma?

Tiene que hacerse desde abajo es decir, desde los entes locales hasta el Gobierno Estatal, pasando por las CC.AA. Es importante porque ya no es una entidad privada que plantea y solicita que se reconozcan sus derechos. La solicitud de reconocimiento de derechos se hace desde el ayuntamiento, a través de su alcaldía, que traslada esta petición al departamento de salud de la Comunidad Autónoma de referencia.
Actuar
de esta forma es más efectivo y tiene un impacto mediático y social más contundente que si fuera una solicitud directa al Gobierno Estatal.
Ahora la lucha es para defender que el Cannabis sea considerado una actividad esencial, y
la situación actual nos permite poner encima de la mesa un debate fundamental que, cuando pase el estado de alarma, ya no se percibirá como una necesidad urgente. Es el momento de movilizar esta acción, con la esperanza de que los partidos al Gobierno recapaciten y vuelvan a dar prioridad a este tema con el que se habían comprometido muy claramente.

 

Marc Nisticò

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One Comment

  1. Juan Carlos

    Nos han dejado tirados hay gente que lo necesita como yo tengo cáncer y duele mucho las pastillas no me alivian.

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